15 documentos claves
del caso Romero
Efren Lemus
El Faro tuvo acceso a fotografiar la fracasada investigación sobre el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. Estos son algunos de los documentos más significativos que retratan a un sistema de justicia incapaz de dar justicia al primer santo salvadoreño. Este es el expediente del Tribunal Cuarto de lo Penal de San Salvador, en aquella época donde estas instancias dirigían la investigación. El primer juez que conoció el caso, Atilio Ramírez hijo, solo lo llevó cuatro días, pues un atentado con disparos en su casa lo hizo huir del país. El expediente del asesinato de San Romero sigue abierto, abandonado, en el mismo juzgado que le dio apertura, que ahora se llama Cuarto de Instrucción de San Salvador.
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38 años sin frutos.
A las nueve de la noche del 24 de marzo de 1980, el juez Cuarto de Paz, José Orlando Bustamente, ordenó el reconocimiento médico del cadáver de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Así inició el expediente 134-80, el cual fue remitido al juez Atilio Ramírez Amaya hijo, para esclarecerlo. Cuatro días después, el 28 de marzo de 1980, el juez Amaya sufrió un atentado en su casa y huyó del país. El expediente sigue abierto en un juzgado capitalino. Son más de dos mil folios con las declaraciones de testigos, fotografías e informes de los desaparecidos cuerpos de seguridad. Es una investigación de 38 años que, hasta el momento, está estancada. Oficialmente, El Salvador no ha esclarecido el asesinato de un santo.
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El primer testigo.
La sociedad Taurus S.A de C.V, la empresa que en la década de los ochenta editaba el periódico El Independiente, publicó en La Prensa Gráfica y en El Diario de Hoy una esquela que invitaba a celebrar una misa por el primer aniversario de la muerte de Sara Meardi de Pinto, el 24 de marzo de 1980. Uno de los hijos de la señora De Pinto, Jorge Pinto, fue el primer testigo en declarar sobre el asesinato. “Escuchó una detonación de arma de fuego, e inmediatamente el que habla fue rodeado por personas amigas que intentaban protegerlo pues creyeron que a él lo querían matar, dándose cuenta luego de que fue monseñor Romero la víctima del disparo”, quedó consignado en su declaración.
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Cerca del corazón.
A las 22:55 del 24 de marzo de 1980 el forense Pedro Echeverría Mejía determinó que monseñor Romero tenía una “herida con arma de fuego cuyo orificio de entrada está a nivel de tercer intercostal izquierdo”. En el informe manuscrito, el médico detalla que la herida de bala no tiene orificio de salida.
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A paso lento.
La Oficina de Operaciones de la desaparecida Policía Nacional designó al detective José Lázaro Moreno para investigar el crimen. Algunos de los testigos, como Napoleón González, quien estaba en la misa cuando asesinaron a monseñor Romero, fueron llamados a declarar un mes después del crimen.
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La trayectoria de la bala.
La cocina del Hospital La Divina Providencia estaba frente a la iglesia. Desde ahí, un testigo, un menor de edad, observó el vehículo desde el cual dispararon contra monseñor Romero. La desaparecida Policía Nacional calculó que el tirador estaba a unos 31.10 metros de distancia y elaboró un plano de la posible trayectoria de la bala.
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La bala que mato al santo.
Estos son los fragmentos de bala calibre .25, expansiva y explosiva, que extrajo el Instituto de Medicina Legal al cadáver de Monseñor Romero. El día del crimen, el 24 de marzo de 1980, el Laboratorio Técnico de la Policía Nacional, entrevistó a Pedro Henriquez Lemus, de 13 años de edad, quien dijo que desde un vehículo rojo, a unos 35 metros de distancia, dispararon contra monseñor Romero.
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La partida 449.
La Alcaldía de San Salvador registró que Monseñor Romero falleció “a consecuencia de hemorragia interna profusa debido a herida por arma de fuego en el tórax”. La persona que realizó los trámites fue Roberto Joaquín Cuéllar Martínez, un abogado que trabajaba para Socorro Jurídico del Arzobispado, una entidad que fundó monseñor Romero para la defensa de los derechos humanos.
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El lugar del crimen.
Dos días después del asesinato de Monseñor Romero, el 26 de marzo de 1980, la desaparecida Policía Nacional, realizó una inspección en la capilla del Hospital La Divina Providencia. “Posiblemente el tirador se apostó con su vehículo en el centro de la calle, entre dos vehículos”, escribieron en su reporte los investigadores.
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El testigo clave.
En 1987, el gobierno de Napoleón Duarte asignó la investigación del asesinato de Monseñor Romero a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos. El teniente Velarmino Castillo Medrano y el sargento Cruz Argueta Hurtado encontraron a un testigo del crimen en Costa Rica: Amadeo Antonio Garay Reyes, el motorista del capitán Álvaro Saravia. Él contó los detalles del crimen.
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La Corte protege a Saravia.
El 10 de enero de 1989, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la orden de captura contra el capitán Álvaro Saravia. La Corte que dirigía Mauricio Gutiérrez Castro no le creyó al testigo porque rindió su declaración “siete años, siete meses, veinte y cuatro días después” de que ocurrió el crimen. La Corte también resolvió que la Fiscalía no podía pedir la extradición de Saravia desde Miami, Estados Unidos.
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Aparece un tal D´Aubuisson.
El 10 de febrero de 1989 declaró el entonces fiscal general, Roberto Girón Flores. El funcionario dijo que tres días después del crimen de monseñor Romero, el capitán Álvaro Saravia se reunió con el mayor Roberto d´Aubuisson, entonces presidente de la Asamblea Legislativa. “D´Aubuisson les había manifestado que no lo hubieran hecho todavía, a lo que respondió Saravia que se había hecho tal como él lo había ordenado”.
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La preocupación de Regalado.
En 1988, el gobierno de Napoleón Duarte señaló al doctor Héctor Antonio Regalado Herrera como uno de los implicados en el asesinato de monseñor Romero. Regalado Herrera nunca fue acusado ante los tribunales. Sin embargo, él nombró a un apoderado para defenderse. En el año 2012, Regalado Herrera pidió una certificación de que no estaba involucrado en el asesinato de Romero, pero el juzgado le respondió que no le podía dar tal documento porque nunca fue procesado.
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Eulalio, el fotógrafo.
Eulalio Pérez comenzó a trabajar como fotoperiodista en El Diario de Hoy el primero de agosto de 1975. Pérez también trabajó para la agencia United Prees International (UPI). El domingo 23 de marzo de 1980, Eulalio no asistió a la misa dominical en la que Romero pidió el cese de la represión. Por esa razón, al siguiente día, fue al hospital de la Divina Providencia para fotografiar a Romero. Ese día ocurrió el magnicidio y Eulalio tomó las fotografías.
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Refugiado en Costa Rica.
Amado Antonio Garay Reyes, el motorista del capitán Álvaro Saravia, huyó después del asesinato de Monseñor Romero hacia Costa Rica. Vivía en San Antonio de Desamparados, en San José. El 20 de octubre de 1987 pidió permiso al gobierno costarricense para venir, durante 15 días, a El Salvador y declarar sobre el asesinato de monseñor Romero. “Soy testigo presencial”, justificó.
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Los apuntes del capitán Saravia.
Esta es la agenda del capitán Álvaro Saravia que la Junta Revolucionaria de Gobierno decomisó el siete de mayo de 1980. La agenda tiene apuntes sobre el asesinato de Monseñor Romero. Aunque el documento arroja pistas sobre el crimen, una copia de la evidencia fue entregada al juez nueve años después, en 1989. Uno de los testigos dijo que la agenda original fue entregada al Congreso de los Estados Unidos.